Las víctimas y la justicia transicional
¿Están cumpliendo los Estados latinos con los estándares internacionales?
Los procesos de justicia transicional buscan, en general, lograr cambios estructurales en relación con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las normas y las políticas Generar el conflicto armado o el gobierno autoritario -o ambos- y transitar hacia la democracia.En América Latina, las instituciones y las categorías conceptuales de la justicia transicional han llegado a formar parte del debate público no sólo en los países que han quedado en un conflicto armado -como El Salvador, Guatemala y Perú- una una dictadura -como Chile, Argentina, Perú y Uruguay- sino también en esos -como Colombia- donde la confrontación armada continúa y la existencia misma de una verdadera transición es puesta en práctica por "varios sectores sociales y organizaciones de derechos humanos" (Guzmán, Sánchez y Uprimny, en Este libro).
Más allá de que el escenario sea el de una verdadera transición o el de una transición parcial, limitada o incompleta, en cualquiera de estas situaciones los sistemas de justicia cumplen un rol esencial, menos en los dos que están íntimamente relacionados: 1) la Protección de los derechos de las víctimas y 2) la consolidación de estados y democracias donde no exista el espacio para la impunidad de las tumbas violaciones de derechos humanos, especialmente cuando éstos constituyen crímenes internacionales. Ambos bastan los claves para que la transición sea sólida y el nuevo régimen político sea capaz de evitar la repetición de los hechos del pasado.
En las transiciones democráticas, los poderes judiciales tienen la doble y trascendental función de evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Dado este importantísimo rol, luego de transcurridos varios años, desde el inicio de los procesos de justicia transicional, los Estados Unidos y los Estados Unidos, los Estados Unidos y los Estados Unidos, los sistemas judiciales, están cumpliendo con los estándares internacionales.
En este marco, la Fundación para el Debido Proceso Legal -en adelante DPLF, por sus siglas en inglés- emprendió un proyecto para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia y los derechos de las víctimas en los siete países de la región: Argentina , Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay.
Los procesos de justicia transicional buscan, en general, lograr cambios estructurales en relación con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las normas y las políticas Generar el conflicto armado o el gobierno autoritario -o ambos- y transitar hacia la democracia.En América Latina, las instituciones y las categorías conceptuales de la justicia transicional han llegado a formar parte del debate público no sólo en los países que han quedado en un conflicto armado -como El Salvador, Guatemala y Perú- una una dictadura -como Chile, Argentina, Perú y Uruguay- sino también en esos -como Colombia- donde la confrontación armada continúa y la existencia misma de una verdadera transición es puesta en práctica por "varios sectores sociales y organizaciones de derechos humanos" (Guzmán, Sánchez y Uprimny, en Este libro).
Más allá de que el escenario sea el de una verdadera transición o el de una transición parcial, limitada o incompleta, en cualquiera de estas situaciones los sistemas de justicia cumplen un rol esencial, menos en los dos que están íntimamente relacionados: 1) la Protección de los derechos de las víctimas y 2) la consolidación de estados y democracias donde no exista el espacio para la impunidad de las tumbas violaciones de derechos humanos, especialmente cuando éstos constituyen crímenes internacionales. Ambos bastan los claves para que la transición sea sólida y el nuevo régimen político sea capaz de evitar la repetición de los hechos del pasado.
En las transiciones democráticas, los poderes judiciales tienen la doble y trascendental función de evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Dado este importantísimo rol, luego de transcurridos varios años, desde el inicio de los procesos de justicia transicional, los Estados Unidos y los Estados Unidos, los Estados Unidos y los Estados Unidos, los sistemas judiciales, están cumpliendo con los estándares internacionales.
En este marco, la Fundación para el Debido Proceso Legal -en adelante DPLF, por sus siglas en inglés- emprendió un proyecto para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia y los derechos de las víctimas en los siete países de la región: Argentina , Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay.
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